La cultura para los nadie o para los “nunca”: lo que está en juego en la segunda vuelta presidencial
- Arturo Cortés
- 8 jun
- 4 min de lectura
La primera vuelta presidencial en Colombia dejó a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda frente a frente de cara al balotaje del 21 de junio, y con ellos quedaron enfrentadas dos maneras de entender qué es la cultura y para qué sirve un Estado que la sostiene. Es una bifurcación, y conviene decirlo sin eufemismos: en una de las dos salidas, la cultura sale perdiendo.
El domingo 31 de mayo, Colombia volvió a partirse en dos y por una vez la división es nítida. De un lado está la continuidad de una visión de país que ha puesto a la cultura en el centro de la conversación nacional. Una política que durante este gobierno apostó por el arraigo local, por el reconocimiento de los saberes ancestrales y de las culturas propias, por entender el hecho cultural como un derecho y como tejido comunitario antes que como renglón de la contabilidad nacional. Se le pueden hacer mil reproches a la gestión y se los hemos hecho, pero el marco es claro: la cultura como derecho que el Estado garantiza.
Del otro lado está una visión que mira la cultura desde el lado extractivista, preguntándose: ¿Qué produce?¿Qué da plata? ¿Qué se puede insertar en un mercado para que, recién entonces, exista? Todo lo demás, todo lo que no rente, en esa lógica, sobra.
Por eso el miedo que muchos sentimos en el sector no es ideológico ni caprichoso. El programa de la derecha plantea pasar de 19 a 10 ministerios, fusionar carteras, "eliminar ministerios inútiles", reducir el tamaño del Estado en un 40% con lógica de motosierra. Nadie ha dicho, con todas las letras, que la cultura entre en esa poda, pero nadie ha asegurado lo contrario. Y cuando alguien anuncia que va a recortar el Estado casi a la mitad y se niega a garantizar que la cultura quede en pie, el silencio no es prudencia: es la antesala del decreto.
Y no hace falta imaginar abstracciones para entender qué se pierde cuando eso ocurre.
Lo que está en juego no es una idea, es un mapa concreto: las casas de cultura de los municipios, las escuelas de música y de danza de los barrios, los festivales de los pueblos, los saberes de las comunidades negras, indígenas y campesinas que por primera vez fueron reconocidos como patrimonio y no como folclor de adorno. Es la trama local y nacional que sostiene a un país que se piensa diverso. Esa institucionalidad no se ve en una hoja de cálculo; solo aparece como una cifra que recortar, pero es lo que mantiene viva la cultura fuera de las cinco grandes ciudades.
Y aquí va lo que quiero decir de frente: este no es momento de equidistancias. Lo escribo sabiendo que muchos en el sector están desencantados, y con razones. Más de mil artistas firmaron en 2022 por este proyecto, y después más de mil quinientos le escribieron al presidente cartas reclamando por las interinidades en el Ministerio, por la falta de rumbo, por las promesas a medias. Ese malestar es legítimo y no hay que esconderlo. Pero hay que saber distinguir el momento y asumir también que después de su primer año y durante los siguientes tres, la conversación alrededor de la cultura es otra.
Una cosa es exigirle a un gobierno que haga mejor las cosas, y otra muy distinta es castigarlo con la abstención o con el voto de la rabia justo cuando lo que se decide ya no es quién dirige la cartera, sino si la cartera va a seguir existiendo. El desencanto con una gestión no se cobra entregándole las llaves a quien quiere demoler la casa entera.
Porque de eso se trata, en el fondo: de derechos adquiridos. La Constitución de 1991 no mencionó la cultura de pasada; la consagró como fundamento de la nacionalidad y como deber del Estado de fomentar y proteger. Ese piso costó conquistarlo. Pero junto a ese derecho constitucional se fueron ganando otros, menos visibles y tan valiosos como ese: una institucionalidad, unos presupuestos, unos estímulos, una red de centros y convenios, un mercado, unas leyes y unos públicos que hoy consumen y producen cultura.
Este fue el primer gobierno que llevó el presupuesto de la cultura más allá del billón de pesos, el "primer billón" que el propio sector venía reclamando como consigna durante años, triplicando unos recursos históricos que apenas rozaban los 500 mil millones. Eso no es un dato menor ni un capricho ideológico: es la prueba de que financiar la cultura es una decisión política, y de que cuando un gobierno decide tomarla en serio, se toma.
Y no se trata de caridad. Según el propio Ministerio, la economía cultural llega a aportar hasta cerca de tres puntos del PIB en aportes que vienen de la industria del cine, la música, el turismo cultural y cada peso invertido se multiplica varias veces en el camino. Con un presupuesto de apenas $1,1 billones de pesos, le devuelve al país más de $40,6 billones en valor agregado según el DANE. Tratarla como un gasto de segunda categoría, como un lujo prescindible que sobra cuando hay que apretarse el cinturón, no resiste ni siquiera el argumento económico que tanto le gusta a la derecha. Si hasta en sus propios términos la cultura paga, la única razón para recortarla es no entender o no querer entender para qué sirve.
Un teatro lleno, una convocatoria abierta, un centro de barrio en funcionamiento son conquistas frágiles que dependen, cada una, de una decisión política.
El 21 de junio se toma una de esas decisiones, la más grande. Defender el continuismo no es defender un gobierno ni a un hombre: es defender la idea de que la cultura es un derecho y no una mercancía. Frente al miedo real de perderlo todo, la neutralidad es un lujo que el sector cultura no se puede dar.
Esta vez no podemos esperar a que decidan por nosotros. Esta vez nos toca decidir.
*Arturo Cortés es Gestor Cultural y experto en políticas públicas. Síguelo por aquí.
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