Nos urge hablar del futuro de la cultura en el panorama político actual

A pocas semanas de la primera vuelta presidencial, el debate cultural sigue siendo lo que casi siempre ha sido en Colombia: un tema que se menciona con entusiasmo en los foros especializados y que luego queda a merced de la voluntad de quien llegue al poder. Esta vez, sin embargo, hay algo nuevo en el horizonte. Una de las propuestas que circula en la campaña plantea fusionar el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes con el de Educación, en nombre de la austeridad y la eficiencia del Estado. Antes de que esa idea gane terreno, conviene mirar lo que ya pasó al otro lado de la frontera.

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El 24 de julio de 2025, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 60, con el que fusionó el Ministerio de Cultura y Patrimonio con el de Educación. La medida, presentada como parte de un plan de eficiencia administrativa, tomó por sorpresa incluso a la propia ministra de Cultura. No fue el resultado de ninguna evaluación técnica del sector ni de un diálogo con las comunidades artísticas. Fue, según investigadores como Pablo Cardoso, de la Universidad de las Artes de Guayaquil, la respuesta a un ajuste estructural empujado por el Fondo Monetario Internacional, que considera la cultura como un área "no productiva" y, por tanto, prescindible. Lo que vino después fue desorientación, vulnerabilidad, y un Sistema Nacional de Cultura que quedó huérfano de rectoría.

Lo que en el papel sonó a reorganización administrativa, en los territorios se sintió como un golpe directo. Los 24 núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentes en casi todo el país, quedaron sin el ente rector que les asignaba presupuesto y articulaba sus programas con el Estado central. Rubén Darío Inga, gestor cultural del Núcleo de Chimborazo, fue preciso: la fusión "significa un recorte de presupuesto bastante importante", y aclaró que los recursos de las tres carteras fusionadas no se sumarían, sino que se redistribuiría uno solo. En Azuay, el núcleo provincial convocó una Asamblea Cultural Permanente de emergencia y denunció que los despidos en el sector se ejecutaron sin sustento técnico ni jurídico. En Zamora Chinchipe, el núcleo con menos recursos de toda la Amazonía ecuatoriana y el quinto con menos fondos a nivel nacional, la situación pasó de precaria a crítica. Y quizás el dato más revelador de todos: en enero de 2025, apenas seis meses antes del decreto, el Ministerio de Cultura había lanzado en Manta y Guayaquil su primera Política Nacional de Fomento a las Industrias Culturales y Creativas, un instrumento diseñado para los próximos diez años. En julio, el ministerio que debía implementarla dejó de existir. Eso no es eficiencia. Es destrucción de memoria institucional.

Colombia conoce ese camino de primera mano. Antes de que existiera el Ministerio de Cultura, la cultura era manejada por Colcultura, una entidad adscrita al Ministerio de Educación. Durante casi tres décadas, la cultura fue literalmente un apéndice de otra política pública. Fue la Constitución de 1991, con su reconocimiento de Colombia como nación pluriétnica y multicultural, la que abrió la puerta a un cambio real, y fue la Ley 397 de 1997 la que lo concretó: Colcultura se liquidó y nació el Ministerio de Cultura, con mandato propio, presupuesto diferenciado y una institucionalidad pensada para la enorme diversidad de este país. Lo que vino después no fue menor: la Ley de Cine, el Plan Nacional de Música para la Convivencia, el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, la Ley de Espectáculos Públicos, la adhesión a la Convención de la UNESCO de 2005, y un sector cultural y creativo que en 2025 crecieron un 9,9% y aportaron 0,4 puntos porcentuales al crecimiento total del PIB nacional, consolidándose como uno de los principales motores económicos del año. Más recientemente, la cartera se convirtió en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, reconociendo por fin los aportes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades históricamente marginadas de las decisiones del Estado.

Todo eso se levantó en menos de treinta años. Y todo eso puede deshacerse en una firma.

El panorama electoral muestra sensibilidades muy distintas. Mientras Sergio Fajardo propone duplicar el presupuesto del ministerio y colocar la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible, junto a lo económico, lo social y lo ambienta, Abelardo de la Espriella apuesta por convertir al creador en un sujeto de prosperidad económica, con capital semilla para proyectos creativos y la mirada puesta en los modelos exportadores de Corea del Sur y Turquía. Por su parte Iván Cepeda ha comprometido la continuidad de la apuesta por los territorios históricamente excluidos y el fortalecimiento de la creación y difusión cultural de los pueblos afrodescendientes. Mientras que Paloma Valencia, en cambio, no menciona la cultura en su plan de gobierno, pero sí ha anunciado que pasaría de 19 ministerios a 12, fundiendo la cartera cultural con la de Educación. Lo llama eficiencia. El problema es que esa idea ya se ensayó, y el resultado tiene nombre y apellido: Ecuador, julio de 2025.

La austeridad no es un argumento cultural. Es una decisión política disfrazada de pragmatismo. Cuando Ecuador decidió que la cultura podía resolverse desde el Ministerio de Educación, no estaba siendo eficiente: estaba siendo miope. La cultura no es un gasto prescindible en momentos de crisis; es precisamente en esos momentos cuando demuestra de qué está hecha: cohesión, memoria, resistencia. Un ministerio especializado no es un capricho burocrático. Es la garantía de que haya alguien con mandato, presupuesto y capacidad técnica para articular lo que, si se deja solo, se fragmenta y desaparece. Como advirtió Daniela Pabón, coordinadora de la Red Ecuatoriana de Cultura Viva Comunitaria: "sin un ente rector especializado, no hay quien articule los esfuerzos".

El sector cultural colombiano tiene hoy más herramientas que en cualquier otro momento de su historia: leyes sectoriales acumuladas durante tres décadas, una red de casas de cultura con presencia en casi todos los municipios del país, festivales de proyección continental, industrias creativas en crecimiento y una cartera ministerial que, con todos sus déficits, ha demostrado que puede anclar la política pública en la realidad de un país profundamente diverso. Perder eso no sería austeridad. Sería un retroceso que tardaría generaciones en repararse. Ecuador lo está aprendiendo en carne propia. Colombia no tiene por qué repetir el error.

Y aquí viene lo que el sector no puede seguir postergando. Según el DANE, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación fueron el sector que más creció en toda la economía colombiana durante 2025, y ya venían siendo el tercer renglón de mayor contribución al PIB desde 2024. El PIB del sector del entretenimiento ha crecido más del 130% entre 2014 y 2024, y solo en Bogotá los eventos musicales movilizaron cerca de 830 mil millones de pesos en venta de boletería el año pasado. Es imposible que un sector con ese peso económico y esa capacidad de cohesión social siga siendo tratado como un tema menor en los programas de gobierno. 

Y la responsabilidad no recae únicamente sobre quienes dirigen el Ministerio: todos los que hacen parte de este ecosistema, gestores, artistas, productores, promotores, trabajadores de la cultura en los territorios tienen que estar haciendo las preguntas que este momento exige. Hay que ir a los debates, exigir respuestas con nombre y cifras, y entender que el silencio del sector es también una decisión política. El que no habla, no existe en la agenda. Y el que no existe en la agenda, desaparece en el primer decreto de austeridad que alguien necesite firmar.

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Arturo reflexiona sobre política y cultura y la incidencia de ambas en la ciudadanía. Síguelo por aquí.