Ticketmaster no es el problema, es el síntoma
- Viviana Rangel
- hace 21 horas
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Un jurado federal en Nueva York determinó recientemente que Live Nation y su filial Ticketmaster operaron como un monopolio ilegal en el mercado de venta de entradas.
Durante años, millones de personas denunciaron precios inflados, cargos opacos y un sistema sin alternativas reales. Hoy esa percepción cuenta con respaldo judicial. En el mercado de grandes conciertos en Estados Unidos, una sola empresa ha llegado a controlar más del 80% de la venta de entradas en recintos de gran capacidad. Esto le permite no solo vender boletas, sino fijar condiciones para artistas, escenarios y público.
El caso se ha interpretado como un problema de competencia. Pero en el fondo lo que está en juego es algo más básico: ¿quién define las condiciones de acceso a la cultura?.
Ticketmaster no es solo una plataforma de venta. Hace parte de una estructura que articula promoción de artistas, gestión de recintos y distribución de entradas. Es, sin duda, un negocio. El problema aparece cuando esa lógica empresarial organiza por completo el acceso a la experiencia cultural. Cuando un mismo actor interviene en toda la cadena, desde la gira hasta la entrada, la cultura pasa a depender de una infraestructura que fija condiciones, precios y límites.
Un ecosistema que concentra valor
Lo que ocurre con Ticketmaster no es una excepción, sino una expresión clara de un ecosistema más amplio en el que el poder se concentra en puntos estratégicos. Rebecca Giblin y Cory Doctorow lo describen como “cuellos de botella”. A partir de conceptos técnicos como monopolio y monopsonio, muestran cómo estos intermediarios de la cultura digital funcionan como espacios donde unos pocos actores controlan el flujo y capturan valor tanto de quienes crean como de quienes consumen.
En la música, esta lógica ya estaba instalada. Plataformas como Spotify determinan qué se escucha, qué circula y qué se vuelve relevante. Más de 11 millones de artistas están en la plataforma y menos del 1% logra ingresos significativos. No es un sistema diseñado para sostener la creación, es un sistema que la administra bajo condiciones desiguales.
Ese mismo patrón se extiende al acceso. En el mercado de eventos en vivo, la concentración permite definir precios y condiciones con un margen amplio. La visibilidad se traduce en demanda, la demanda en giras, y las giras en un acceso cada vez más costoso. No hace falta un acuerdo explícito entre plataformas, promotores y tiqueteras. Los incentivos coinciden y el resultado es un circuito cerrado donde el valor se acumula en los mismos puntos.
En América Latina, este proceso adquiere otra capa. La música latina es una de las más consumidas en el mundo y uno de los motores de crecimiento de la industria. Esa presencia no se refleja en ingresos proporcionales para quienes crean desde la región. El valor se concentra en plataformas, intermediarios y grandes sellos. Al mismo tiempo, se expanden actores globales en mercados locales, como ocurre con Ocesa en países como Colombia.
A esto se suma la introducción de mecanismos como la “tarifa dinámica”. En Colombia ya se ha aplicado en la venta de entradas para conciertos. Los precios cambian en tiempo real según la demanda. No hay un valor estable, hay un cálculo permanente. El acceso deja de ser una condición general y pasa a depender de la capacidad de pago en un momento específico. La segmentación se vuelve más explícita.
Derechos culturales en un entorno desigual
Estas transformaciones impactan directamente los derechos culturales, reconocidos en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos no se limitan a la creación. Incluyen el acceso, la participación y la posibilidad de sostener prácticas culturales en condiciones dignas.
El ecosistema actual tensiona esas condiciones. La concentración en la visibilidad reduce las oportunidades de los artistas. La concentración en el acceso restringe quién puede participar. En América Latina, esta combinación profundiza desigualdades ya existentes.
No es un debate marginal. Es un tema que gana fuerza en la región. Mientras el contenido latino crece en visibilidad global, las condiciones estructurales del mercado limitan su traducción en sostenibilidad económica y acceso equitativo.
Puede parecer que hay poco margen de acción frente a actores de este tamaño. Esa idea conviene a quienes operan el sistema. Existen precedentes recientes que muestran lo contrario. En Colombia, una decisión de la Corte Constitucional obligó a Meta Platforms a modificar sus políticas tras vulnerar derechos fundamentales de una creadora. La empresa tuvo que habilitar mecanismos específicos para responder a acciones de tutela. No es un cambio estructural, es una señal de que las plataformas no están por fuera del alcance del derecho.
América Latina es un mercado central para estas industrias. Es fuente de contenidos, de audiencias y de crecimiento. Esa posición tiene implicaciones políticas. El equilibrio entre negocio y derechos no se va a producir solo. Requiere intervención, regulación y capacidad de negociación desde lo público.
El caso de Ticketmaster no se agota en una empresa ni en un país. Expone una forma de organización de la cultura donde la infraestructura pesa más que la creación. Entender ese desplazamiento es necesario para poder discutirlo.
La pregunta sigue siendo necesaria: ¿Quién decide hoy quién puede acceder a la cultura?
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